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Podría agudizarse el conflicto ambiental de protección a un humedal de Mendoza

Publicado el 7 de Febrero, 2007, 10:18. en General.
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Tratarán los límites de la Reserva Laguna Llancanelo en Mendoza 

     

Fuente: www.cuyonoticias.com.ar 06/02

Sorpresivamente, hoy miercoles la Cámara de Diputados de Mendoza tratará el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para delimitar la reserva Laguna Llancanelo. De sancionarse esta ley podría agudizarse el conflicto por la protección del humedal.

El Poder Ejecutivo intenta resolver el conflicto ambiental suscitado en torno a la defensa de la Laguna Llancanelo, acudiendo al rápido tratamiento sobre tablas en periodo extraordinario del proyecto de ley que crea la nueva reserva de llancanelo.
 
El mismo consta de dos partes, la delimitación del área protegida y el reconocimiento de los derechos de los puesteros a permanecer en las tierras aledañas a la laguna. Oikos red ambiental se pronuncia a favor del reconocimiento del derecho de los puesteros a permanecer en el sitio y desarrollar sus actividades ancestrales, pero entiende que el resto del proyecto no respeta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que ratifica la sentencia de primera instancia, dictada en julio de 2003, que declara inconstitucional lo actuado hasta ese momento por el Gobierno de Mendoza.
 
Oikos (Miembro de RENACE) propone desdoblar el proyecto de ley, a fin de darle rápido tratamiento al reconocimiento de los derechos de los puesteros a permanecer en los alrededores de la laguna, y dejar el tema de la delimitación del área protegida para tratamiento en comisiones y la convocatoria a los principales actores para responder a los interrogantes que surgen de la lectura del texto de l proyecto de ley, previo cumplimiento de los pasos administrativos correspondientes que marcan las leyes vigentes.

Proyecto de ley sobre redefinición de los límites del área protegida Laguna Llancanelo

El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Mendoza surge a instancias de una propuesta realizada por Oikos red ambiental en mayo de 2005 , luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza declarara inconstitucional el decreto 190-AOP-2003, debido a la acción de amparo presentada por la ONG en febrero de 2003.
La sentencia en primera instancia (29/07/2003) determinó que era necesario delimitar la reserva de acuerdo a los requerimientos de la ley 6.045/93  y elaborar los estudios y planes necesarios para garantizar que la actividad petrolera –de encontrarse fuera de los límites de la futura área natural protegida- cumpliera con los recaudos de protección ambiental. Estos estudios (estudios hidrogeológicos) y planes (el plan de manejo de la reserva) aún no se han realizado.
La sentencia de la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia.
Por su parte, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza se ajusta al fallo de primera instancia y agrega algunos elementos que contribuyen claramente al proceso de establecimiento de los límites de la reserva fáunica . Estos fundamentos no han sido tenidos en cuenta por la autoridad de aplicación.

Sobre el cuerpo del proyecto de ley:
El texto del proyecto de ley está conformado por dos grandes unidades:
- La redefinición de los límites del área protegida Laguna Llancanelo, su categorización y tipificación;
- El reconocimiento de los derechos de los puesteros que habitan las zonas aledañas;

La redefinición de los límites del área natural parten del supuesto de que los pozos petroleros deben quedar fuera del área protegida, lo cual favorece las pretensiones de la empresa Repsol YPF y menoscaba el derecho a gozar de un ambiente sano, en tanto la autoridad de aplicación se desvía del fundamento científico para organizar una delimitación basada en el otorgamiento del permiso de explotación declarado inconstitucional por la CSJM en marzo de 2005.
El fundamento científico se encuentra en el mismo expediente de referencia, el cual ha sido curiosamente obviado, ya que establece que el límite biológico al que hace referencia la Corte Suprema, es un área mínima viable para las poblaciones existentes en el ecosistema analizado, constituida principalmente por un conjunto de parámetros, entre los cuales sin duda el más importante es el límite entre los suelos denominados “hidromórficos” (aquellos vinculados directamente a las características del humedal) y aquellos que no lo son, entre otros las coladas volcánicas y llanos que no están vinculados directamente con el ecosistema lagunero. Estos suelos abarcan varios miles de hectáreas, incluyendo la propia laguna y su salitral, los bañados, desembocadura de los arroyos y ríos, vertientes de agua dulce, etc.
El Poder Ejecutivo respeta la decisión del científico (contratado por el mismo gobierno) para gran parte del área natural, excepto aquella que corresponde curiosamente al área de concesión petrolera, en la cual argumenta un caprichoso dibujo que deja afuera importantes sectores para que en el futuro sean explotados por la empresa. La cuestión que aquí se propone no es la negación de la posibilidad de extraer hidrocarburos, bien sabida es la predisposición de Oikos en este sentido, sino que las actividades se hagan respetando las leyes vigentes, que indican que prioritariamente se niegue la posibilidad de que la explotación se haga dentro del área protegida, cuestión que el legislador resolvió en el año 1993 y que no está en discusión ahora.

Propuesta

En virtud de las notables falencias que presenta este proyecto de ley, algunas sugerencias a los señores legisladores para darle curso a la solicitud del Poder Ejecutivo son las siguientes:
- Desdoblar la ley en dos partes, una con la delimitación del área y la segunda con el reconocimiento del derecho de propiedad a los puesteros, procurando el rápido tratamiento de la sección correspondiente a la entrega de tierras, y supeditando el tratamiento de la parte correspondiente a la delimitación de la reserva a la confección de un nuevo proyecto de ley y su tratamiento en comisiones, sin despacho de preferencia ni tratamiento directo sobre tablas, habida cuenta de la delicada situación del conflicto ambiental, la posibilidad de caer en la inconstitucionalidad y desperdiciar el esfuerzo de los legisladores en leyes que luego serán recurridas ante estrados judiciales por errores de técnica legislativa o violaciones a principios constitucionales.
- Supeditar la recepción del nuevo proyecto de ley a la realización de un procedimiento administrativo tendiente a obtener el dictamen técnico del IADIZA, tal como lo establece la ley 6045/93, con todas las formalidades del procedimiento administrativo establecido por la ley 3.909.

ENVIADO POR LA FUNDACIÓN INTI CUYUM

Fuente: http://www.cuyonoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12199&Itemid=137